01/10/2022. La Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS) convoca una concentración contra de la ley prohibicionista de la prostitución impulsada por el PSOE. Las convocantes, así como el resto de colectivos de trabajadoras sexuales, consideran esta ley que no protegerá a las verdaderas víctimas de explotación y solo acarreará más clandestinidad e indefensión ante los abusos. La aplicación de esta norma acabará vulnerando los derechos fundamentales de las prostitutas y otras trabajadoras del sector e invalida para siempre el consentimiento de las trabajadoras sexuales. Entre las propuestas que pueden mejorar la situación de este sector se encuentran la derogación de la Ley de extranjería y alternativas laborales económicamente realistas para quienes deseen dejar de ejercer la prostitución. Así como su inclusión en el proceso de elaboración de las políticas públicas que les afectan, desde una perspectiva de reconocimiento, despenalización, respeto y derechos para todas las personas trabajadoras sexuales.

La proposición de Ley para “abolir” la prostitución impulsada por el PSOE cuya consideración a trámite en el Congreso fue aprobada con 232 votos a favor el pasado 7 de junio con los apoyos del PP y parte de Unidas Podemos actualmente se encuentra en proceso de enmiendas y actualmente cuenta con el apoyo del PP para salir adelante. Las trabajadoras sexuales consideran que es una ley realmente prohibicionista y que las criminaliza indirectamente aumentando su situación de desprotección y falta de derechos. Esta nueva ley propone la reforma del Código Penal ampliando la penalización del proxenetismo –que ya está recogido como delito– a cualquiera que se beneficie económicamente de la prostitución de otra persona. Esto abre la posibilidad a que todo el entorno de la trabajadora sexual pueda ser denunciado por proxenetismo, tanto familiares que dependen de los ingresos que genera, como aquellas que comparten espacios para su ejercicio o aquellas que ofrecen servicios complementarios –servicios de seguridad, de limpieza, taxistas, etc– imprescindibles para el ejercicio de la prostitución de manera autónoma. Además, la redacción de la norma es tan ambigua y expansiva que podría suponer un problema a nivel constitucional, según señalan varias juristas.

Otro punto problemático es la penalización la tercería locativa que implica el castigo a todo aquel que alquile un espacio público o privado para ejercer la prostitución, aún con su consentimiento. Muchas trabajadoras sexuales viven y trabajan en el mismo sitio, por lo que de aprobarse esta norma, esto dificultará todavía más su derecho a la vivienda. También permitirá una desposesión de derechos fundamentales: chantajes, desalojos forzosos, inseguridad, persecución policial, que afectará especialmente a las que se encuentran en situación administrativa irregular y pueden acabar con expedientes de expulsión. No hay que olvidar que esta ley tiene un importante componente de control migratorio pese a que se redacte bajo la retórica de “proteger a las mujeres”.

La reforma también pretende penalizar a los demandantes de servicios. La norma dice: “el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico será castigado con multa de 12 a 24 meses”. Castigar al demandante de servicios conlleva penalizar los ingresos de las trabajadoras sexuales, esto reduce su capacidad de negociación, aumenta las prácticas de riesgo y hace peligrar su salud, además de disuadir a las trabajadoras a la hora de solicitar asistencia o protección, de manera que las obliga a anteponer la seguridad de los demandantes a la suya propia.

Varias organizaciones de derechos humanos, entra ellas Amnistía Internacional, recomiendan la despenalización del trabajo sexual y la eliminación de leyes y normativas que prohíben actividades como la prohibición de la compra y el ofrecimiento de servicios sexuales y de la organización general de trabajo sexual. Todo ello basándose en la evidencia de que estas penalizaciones de carácter criminalizador aumentan la inseguridad de las personas dedicadas al trabajo sexual e incrementan la posibilidad de que se abuse de ellas con impunidad. Las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en prohibiciones y sanciones a quienes se dedican a su ejercicio y su entorno, ya sea directa o indirectamente.