21/09/2017. Los vecinos de La Celada llevan muchos años luchando por lograr actuaciones en el transporte público, solicitando, por distintas vías, un esfuerzo por parte de todas las Administraciones implicadas, para disfrutar de un derecho básico, recogido, por ejemplo, en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Una batalla, sin frutos hasta hoy. La última reunión fue en mayo de este mismo año, cuando una representación de vecinos trasladó al Consorcio Metropolitano de Transportes sus necesidades, llegando a proponer la disposición de la Comunidad de Propietarios para asumir, de forma privada, el coste de una línea de transportes de calidad; o bien, un impulso por parte del propio órgano, incluyendo las peticiones de La Celada en próximas concesiones.

Esta realidad no es nueva. Desde 2014, los vecinos de La Celada están denunciando la situación de desamparo que viven, al carecer de un transporte público regular y de calidad, que les permita una comunicación fluida con Carmona y Sevilla. Entonces, lo hicieron a través de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA).

Desesperados, en 2015 trasladaron la situación al Defensor del Pueblo Andaluz, ya que las deficiencias del transporte público afectan al día a día de las familias, que tienen problemas para acudir a actividades cotidianas como una cita médica o un centro educativo.

En La Celada viven familias, de forma permanente, desde la década de los 70, congregándose allí un núcleo poblacional cercano a las 4.000 personas, la mayoría de elevada edad y con dificultades para poder desplazarse.

Los vecinos, insisten en que "los carmonenses, vivan donde vivan, ya sea en el centro del municipio, en barrios o en urbanizaciones" siguen confiando en conseguir que se cumplan los principios recogidos en la Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. Los transportes públicos son un servicio de interés general, al servicio de los ciudadanos, que como se deduce en la legislación, su objetivo no es otro que favorecer y garantizar la intermodalidad, la movilidad y el bienestar social de las personas.

Estos argumentos parecen no ser suficientes para los regidores, que han hecho caso omiso a las demandas de los vecinos, amparándose en recortes presupuestarios o simplemente 'despejando balones', eludiendo sus responsabilidades.

Cabe recordar que EL TRANSPORTE PUBLICO ES UN DERECHO Y NO UN SERVICIO EXTRAORDINARIO. Es lo justo que recoge la ley para poder disfrutar de unos servicios mínimos, como cualquier ciudadano de cualquier ciudad de Andalucía.

Los vecinos están a la espera de una nueva reunión con el Delegado de Fomento y Transportes de la Junta de Andalucía, con quien ya se reunieron en enero de 2017. Ambas partes se emplazaron a este mismo mes para conocer las soluciones que aporta la Junta de Andalucía a este problema.