26/08/2015. Este déficit se debe a la congelación por parte de la Junta de Andalucía de las cantidades que por ley debe transferir a los ayuntamientos procedentes de los tributos e impuestos autonómicos, con el objetivo de que estos puedan ofrecer sus servicios a los ciudadanos. En el caso de Carmona, la Ley 6/2010 reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma fija que el Ayuntamiento debería recibir 1,7 millones de euros en 2013, 1,9 millones de euros en 2014 y otros 1,9 millones de euros en 2015.
Sin embargo, la congelación de este fondo por parte de la Junta ha hecho que el Ayuntamiento de Carmona sólo haya recibido 1,5 millones de euros en cada uno de los años citados. Es decir, que el desfase no transferido a favor de Carmona es de 1 millón de euros.
El alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha denunciado esta situación que “sin duda está perjudicando a los carmonenses por cuanto el Ayuntamiento deja de recibir cada año los fondos que por ley le pertenecen y que son fundamentales para atender las necesidades de los ciudadanos”.
Por ello, Juan Ávila ha señalado que “los carmonenses no merecen que se les prive de unas cantidades que salen directamente de sus bolsillos en concepto de impuestos autonómicos y que, sin embrago, no pueden reflejarse en mejoras e inversiones en su ciudad porque la Junta ha dejado de transferirlas como marca la ley”.
La congelación de la Patrica no es la única deuda que la Junta mantiene con Carmona. Recientemente el alcalde ha enviado varios escritos s la presidente de la Junta y a las consejeros de Empleo y de Hacienda señalando la deuda de 1,1 millones d euros que la administración autonómica mantiene con Carmona por la puesta en marcha de planes de formación y empleo.
De hecho, el Ayuntamiento ha recibido recientemente una comunicación de la Junta de Andalucía proponiendo que anticiparía los fondos de la Patrica para pagar la deuda que mantiene en materia de empleo; una situación que es inaceptable ya que estos fondos son incondicionados y no finalistas y sólo los ayuntamientos pueden decidir su destino.