29/10/2014. Los medios de comunicación han publicado estos días la detención de varios cargos de la empresa francesa Cofely, como cerebros de una trama de corrupción desarticulada durante la ‘Operación Púnica’. La firma gala, según ha confirmado la Fiscalía Anticorrrupción, entraba en los Ayuntamientos a través de dudosos contratos de eficiencia energética, que posteriormente resultaban ser una farsa, saqueando las arcas municipales a través de voluminosas comisiones.

Esa misma empresa, Cofely, estaría supuestamente relacionada con el proyecto de privatización de la iluminación municipal que el PP de Carmona llevó al último Pleno, y que finalmente no fue aprobada tras el voto en contra de gran parte de la Oposición (Expediente de Contratación de Servicios Energéticos, Mantenimiento con Garantía Total y Mejora de la Eficiencia Energética de las Instalaciones de Alumbrado Público en Carmona. Expediente de Contratación 3/2014).

Por ello, el PSOE de Carmona ha solicitado una Junta de Portavoces donde el PP explique si existe o no alguna relación entre Cofely y el proyecto defendido por Juan Ávila en el último Pleno. El Alcalde le debe una explicación al resto de fuerzas políticas pero también a la ciudadanía, ya que uno de los principales argumentos que esgrimió Juan Ávila para defender la privatización fue el ahorro que supondría para las arcas municipales. Juan Ávila defendió la propuesta de manera impetuosa, y sorprendentemente contó con el apoyo de Unidad por Carmona.

Según las informaciones publicadas en varios medios, la firma gala y su filial en España se dedicaban a negociar con contratos de eficiencia energética, adjudicándose, con artimañas, obras que sobre el papel repercutirían en un ahorro económico para los municipios y sus habitantes, aunque realmente se trataba de un negocio oscuro que movía grandes cuantías de dinero en comisiones.

Cabe recordar que el PSOE de Carmona se opuso rotundamente a la propuesta de privatización del PP, entendiendo que se trataba de una medida que solo iba en contra de los intereses de la ciudadanía, beneficiando en exclusiva a la empresa privada.